La convocatoria, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 23 de febrero de 2026, se centra en la transformación de esos muros ciegos que a menudo desfiguran los barrios. El programa busca fomentar la rehabilitación y restauración del parque edificado con criterios de sostenibilidad ambiental.
Las subvenciones están diseñadas para la rehabilitación de paredes medianeras visibles desde la vía pública o espacios colectivos. Es imprescindible que las obras incluyan aislamiento térmico y un proyecto de integración arquitectónica. El objetivo es convertir estos muros en fachadas reales que aporten eficiencia energética y se integren visualmente con el entorno.
El mayor incentivo se ofrece para proyectos que, además de la integración paisajística y el aislamiento, incluyan nuevas aperturas como ventanas, balconeras o balcones, con una superficie mínima total de 4 m². En estos casos, la ayuda cubre el 50% del coste, con un tope de 70.000 euros. Para intervenciones más sencillas, sin nuevas aperturas, la subvención se reduce al 30% de la actuación, con un máximo de 30.000 euros.
La normativa técnica exige que las medianeras tengan un acabado con materiales propios de fachada, cuya composición, colores y materiales deben integrarse en el paisaje del entorno. Se prioriza el uso de madera o aluminio reciclado para las aperturas, y se prohíbe explícitamente el uso de PVC.
Además, se pueden acumular bonificaciones adicionales. La incorporación de una instalación fotovoltaica suma un 10% más de subvención y 10.000 euros adicionales al tope. Para medianeras de gran tamaño (superficies superiores a 450 m²), el tope aumenta 20.000 euros más. Si se opta por un aislamiento térmico abierto a la difusión del vapor de agua (como fibra de madera o corcho), se aplica un 10% extra de subvención y 10.000 euros más al tope.
El plazo para presentar la solicitud de informe técnico finaliza el 16 de noviembre de 2026. La fecha límite para comunicar el inicio de las obras es el 31 de marzo de 2027. Pueden solicitar estas ayudas propietarios, arrendatarios o usufructuarios de edificios o parcelas existentes, ya sean personas físicas o jurídicas privadas. En el caso de inmuebles residenciales colectivos, es indispensable el acuerdo de la comunidad de propietarios.
