La situación de la vivienda en Barcelona se refleja en el incremento del número de personas empadronadas sin un domicilio fijo, conocido como padrón ficticio o social. En mayo, la ciudad contaba con 48.832 personas inscritas bajo esta modalidad, una cifra que se ha multiplicado por doce en una década, pasando de los poco más de 4.000 registrados en 2016. Esta situación se da cuando las personas viven en la calle o en propiedades donde no se les permite el empadronamiento ordinario.
Históricamente, Barcelona ha sido un punto de atracción para personas que encuentran dificultades para empadronarse en municipios metropolitanos, los cuales a menudo niegan esta posibilidad. Los servicios sociales de la ciudad han llegado a animar a estos ciudadanos a probar suerte en la capital catalana.
Hace dos años, el Ayuntamiento inició un proceso para sanear el padrón, garantizando que los empadronados residieran realmente en la ciudad. Esto implicó el fin de la autorización para empadronar personas en los locales de entidades sanitarias y sociales si no ofrecían cama, una medida que afectaba aproximadamente a 1.700 personas. La gerente de servicios sociales, Marta Clari, justificó este cambio argumentando que la protección original para enfermedades infecciosas ya no era el motivo principal, ya que Salud garantiza la tarjeta sanitaria independientemente del padrón.
Se introdujeron cambios en el padrón social, aumentando las inspecciones in situ para verificar la residencia. Se ha pasado de controles aleatorios a verificaciones periódicas para dar de baja altas presuntamente falsas. Según Clari, las peticiones de alta del padrón social han disminuido del 75% al 55-60%, indicando que la medida podría estar disuadiendo empadronamientos no justificados.
A pesar de los cambios, los datos muestran un crecimiento general de los empadronamientos sin domicilio fijo, paralelo al aumento de los empadronamientos ordinarios. En mayo de 2024, había 45.000 personas registradas en el padrón ordinario. De los empadronamientos sin domicilio fijo, la mayoría (41.313) corresponden a residentes sin vínculo con los servicios sociales, mientras que unos 7.500 sí tienen un expediente abierto.
Entidades como Arrels Fundació critican que el cambio en el padrón ha dificultado un trámite esencial para personas vulnerables. Robert Walker, jefe del equipo de calle de Arrels, lamenta que las comprobaciones generen estrés y desasosiego entre las personas sin hogar, que pueden perder el móvil o moverse constantemente. Sostiene que el servicio debe adaptarse a las necesidades de los ciudadanos, no al revés.
