El Ayuntamiento de Barcelona ha implementado una suspensión temporal de la concesión de nuevas licencias para establecimientos alimentarios con horario de 24 horas. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, tendrá una duración de un año y busca dar tiempo al consistorio para desarrollar una regulación específica para toda la ciudad.

La suspensión afecta a diversas tipologías de establecimientos, como polivalentes alimentarios, autoservicios y superservicios de diferentes tamaños, así como tiendas de conveniencia. Estos locales podían operar sin restricciones horarias gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional que les permitía operar fuera de los límites de la normativa catalana, especialmente aquellos con una superficie inferior a 300 metros cuadrados. Los mercados municipales quedan explícitamente excluidos de esta suspensión.

Esta decisión también paraliza la tramitación de comunicaciones de obras destinadas a la implantación o ampliación de este tipo de actividades. Actualmente, Barcelona cuenta con aproximadamente 1.300 establecimientos de estas características, principalmente dedicados a la venta de productos de alimentación cotidiana. Desde 2015, se han otorgado más de 1.250 licencias a minisupermercados, con una media de 123 aperturas anuales.

El gobierno municipal justifica la medida por la proliferación de estos negocios, que según el Ayuntamiento ha generado problemas de convivencia en algunas zonas de la ciudad, especialmente en áreas residenciales densas o con alta presión turística. Con la nueva regulación, se pretende proteger el comercio de proximidad, preservar la diversidad comercial y evitar la saturación o el monocultivo comercial en determinadas áreas. Los distritos de Sant Martí y Ciutat Vella, que ya cuentan con regulaciones recientes, no se verán afectados.

Paralelamente, el Ayuntamiento intensificará la presión inspectora. En 2024, se realizaron inspecciones relevantes, como la del Eixample con 112 locales revisados. El balance municipal señala un elevado número de infracciones, incluyendo requerimientos de licencia, salud pública, gestión de residuos, materia laboral y Hacienda, así como incidencias urbanísticas. En total, se han registrado 2.880 actuaciones ordinarias, con precintos provisionales, órdenes de restitución, sanciones y multas coercitivas por un importe superior a los 440.000 euros.