La medida, que entró en vigor el 14 de diciembre de 2018, obligaba a destinar un 30% de las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones a pisos de precio asequible. Según ha admitido el gobierno municipal del PSC, en casi ocho años solo se han generado 34 viviendas.
La cifra fue revelada por la teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, durante el pleno municipal de julio, en el debate de una proposición del PP para derogar la norma y negociarla de nuevo con el sector privado. La propuesta popular, junto con la de Vox, no prosperó, con la abstención de Junts y el voto contrario de PSC, BComú y Esquerra.
El PP, liderado por Daniel Sirera, instó a crear una nueva normativa basada en la colaboración público-privada, argumentando que "hay algo peor que equivocarse, y es seguir aplicando una política por orgullo ideológico". Damià Calvet (Junts) coincidió en la necesidad de modificarla para hacerla "útil", advirtiendo que "estamos ante las últimas oportunidades de rectificar".
La teniente de alcalde Bonet respondió que "tenemos que hacer lo posible para reformarla en este mandato, no renunciamos y batallaremos para tener un 30% claramente efectivo". A pesar del diálogo, ninguno de los dos grupos parece dispuesto a dar el primer paso para negociar.
Durante el pleno también se trataron los incidentes relacionados con obras públicas, como los socavones en Sant Gervasi y Vallbona, y la llamarada de gas en Sants. El alcalde Collboni reiteró "disculpas" a los vecinos afectados y criticó los "errores de empresas o Administraciones que alteran la vida de la gente".
Asimismo, se aprobó una proposición del PSC, con el apoyo de BComú y ERC, para instar al Congreso de los Diputados a modificar la ley de arrendamientos urbanos y permitir "regular o moderar los incrementos de los alquileres comerciales". La entidad Barcelona Oberta, aunque comparte la preocupación por el comercio local, discrepa de esta medida, defendiendo "más confianza y más incentivos".
