La operación se ha saldado con 61 detenidos en provincias como Barcelona, Zaragoza, Huesca y Teruel. La red estaba formada por ciudadanos de origen español, argelino y marroquí, incluyendo a los cabecillas y a clientes que pagaban por obtener permisos de residencia de forma fraudulenta.

Los investigadores calculan que la trama cobraba entre 600 y 10.000 euros por servicio. Entre las actividades ilícitas destacaban los empadronamientos falsos, contratos laborales inexistentes mediante empresas pantalla y el uso del método look-a-like, donde personas parecidas físicamente suplantaban a los interesados en los trámites oficiales.

La organización disponía de colaboradores para captar extranjeros y gestionarles desde pasaportes hasta certificados médicos falsos. El objetivo era simular el cumplimiento de los requisitos legales para obtener autorizaciones de residencia temporal sin necesidad de que el solicitante estuviera presente.