La cifra de tiroteos en Cataluña ha alcanzado los 24 en los primeros meses de 2026, con una media de un incidente por semana. Este aumento, confirmado por los Mossos d'Esquadra, refleja un incremento del 30% en los episodios con armas de fuego respecto al año anterior. La tendencia genera inquietud entre los cuerpos policiales por el riesgo de que la violencia acabe afectando a personas ajenas a los conflictos criminales.
Los datos apuntan que durante el año pasado se registraron 93 tiroteos en Cataluña, frente a los 69 de 2024. De estos, solo en 29 episodios hubo heridos, y en siete, víctimas mortales. En el resto de incidentes, los disparos se consideran meramente "intimidatorios". Paralelamente, el número de detenidos relacionados con estos hechos ha aumentado, pasando de 248 en 2024 a 293 el año pasado.
El jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC) de los Mossos, el comisario Ramon Chacón, ha señalado que muchos de estos tiroteos tienen un carácter "intimidatorio" y están vinculados a disputas por el tráfico de drogas y el control territorial. Chacón destacó que "todo lo que acaba mal tiene que ver con las drogas" y que los disparos a menudo sirven para "marcar poder o territorio" entre organizaciones rivales.
Sin embargo, el comisario advirtió del riesgo creciente que implica la proliferación de armas de fuego, ya que aumenta la posibilidad de que personas inocentes resulten heridas accidentalmente. Como ejemplo, el pasado 14 de abril, una mujer fue herida leve por el impacto de una vaina en un tiroteo en Poblenou (Barcelona) que acabó con la vida de un capo mafioso serbio. La "normalización" de las armas en entornos criminales, especialmente en el narcotráfico, es una preocupación policial.
Los Mossos d'Esquadra insisten en que Cataluña está lejos de los niveles de violencia armada de otros países, pero reconocen que episodios recientes en vías públicas y zonas transitadas han elevado la alarma social. El pasado fin de semana, un hombre murió tiroteado en la calle Mineria de Barcelona, con antecedentes por delitos contra la salud pública.
