El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha leído una declaración institucional para valorar la propuesta de Ley Europea de Vivienda Asequible presentada por la Comisión Europea. Collboni ha destacado que la propuesta envía un mensaje claro: Europa entiende que la crisis de la vivienda requiere medidas valientes y reconoce el deber de los poderes públicos de intervenir cuando el mercado no garantiza el acceso a este derecho básico.
Para Barcelona, esta propuesta culmina una etapa de trabajo para situar la vivienda en el centro de la agenda europea. El alcalde ha agradecido la capacidad de escucha de la vicepresidenta de la comisión, Teresa Ribera, y del comisario de vivienda, Dan Jørgensen, quienes durante casi un año y medio han escuchado a los alcaldes y alcaldesas de la red “Mayors for Housing”.
La propuesta europea avala las herramientas que Barcelona utiliza para defender el derecho a la vivienda y el derecho a quedarse en la ciudad. Refuerza la idea de que los pisos deben servir para vivir en ellos y apoya la decisión de hacer desaparecer las licencias de viviendas de uso turístico en la ciudad en 2028. Se prevé que cerca de 10.000 viviendas puedan recuperar su uso residencial.
Europa reconoce la necesidad de instrumentos para actuar en zonas de mercado tensionado y que las viviendas de uso turístico reducen la disponibilidad para los residentes. Barcelona ha sufrido una presión inmobiliaria extraordinaria, con subidas de precios y la expulsión de jóvenes y familias. La ciudad no quiere resignarse y ha actuado, con el aval del Tribunal Constitucional a las medidas de defensa del interés general.
La propuesta europea recoge tres ideas defendidas por Barcelona: el concepto de área tensionada, reconocido ahora a nivel europeo; el perjuicio que suponen los usos turísticos para la oferta residencial; y la posibilidad de regular otros usos no residenciales del suelo o la vivienda cuando sea necesario. Estas medidas refuerzan la idea de que los pisos deben ser, ante todo, para vivir en ellos.
Collboni ha rechazado la idea de una confrontación entre economía y vivienda, defendiendo un modelo de ciudad donde los pisos sean hogares y no activos financieros, pensado para que las personas puedan vivir en ella. El objetivo es garantizar el derecho a quedarse en Barcelona, asegurando la sostenibilidad de la ciudad para quienes la hacen posible.
El trabajo realizado por Barcelona y otras ciudades europeas de la red “Mayors for Housing” ha dado resultados, demostrando que no iban en la dirección equivocada. Europa reconoce la crisis de la vivienda y la necesidad de mayor capacidad de intervención pública. La propuesta europea refuerza el marco para actuar ante el impacto de los pisos turísticos, y el compromiso de Barcelona se mantiene intacto: en 2028 los pisos turísticos dejarán de tener cabida en la ciudad.
El trabajo continúa con una segunda etapa para consolidar la propuesta europea, mantener su ambición durante la tramitación y blindar la capacidad de los gobiernos y ciudades para actuar ante la crisis de la vivienda. Barcelona seguirá trabajando junto a otras ciudades europeas para defender que la vivienda es un derecho, los pisos son para vivir en ellos y el derecho a quedarse en Barcelona es una de las causas más importantes para la ciudad.
