La intervención de la Guàrdia Urbana de Badalona contra un grupo de personas en la plaza de la Plana, una vez finalizado un concierto de las Fiestas de Mayo, ha provocado una ola de críticas por parte de los grupos de la oposición. Formaciones como ERC, En Comú Badalona y Guanyem Badalona han acusado al alcalde de una “deriva autoritaria” y de un “uso desproporcionado de la fuerza”.
La comisión de fiestas ha difundido un vídeo en las redes sociales donde se pueden observar las cargas de los agentes y ha denunciado un “aumento de represión contra la fiesta y su organización”. Esta situación ha intensificado el debate sobre la gestión de la seguridad durante los eventos públicos en la ciudad.
“"El alcalde desalojó la plaza con un uso desproporcionado de la fuerza."
Por su parte, la dirección de En Comú Badalona ha señalado directamente al alcalde, haciendo referencia a la “deriva autoritaria” que, según su opinión, caracteriza su mandato. Desde Guanyem Badalona, se ha calificado a los agentes desplegados de “policía política” y se ha denunciado una agresión contra “jóvenes de entidades” que participaban en las celebraciones. Esta formación ha exigido la comparecencia inmediata del concejal de seguridad y la apertura de una investigación interna para “depurar responsabilidades dentro de la Guàrdia Urbana”.
El gobierno municipal, liderado por el Partido Popular, ha defendido la actuación policial. Fuentes del ayuntamiento han explicado que, alrededor de las dos de la madrugada, una vez terminado el concierto, “continuó el ruido” y se recibieron “quejas de vecinos del entorno”. Según el consistorio, la Guàrdia Urbana intervino “pidiendo a los jóvenes que se marcharan”, pero un pequeño grupo se “negó” y adoptó “actitudes de falta de respeto” hacia los agentes. El ayuntamiento ha añadido que los policías actuaron “según sus protocolos” y que se levantaron tres actas, sin que hubiera ningún detenido.
El sindicato Sip-Fepol ha emitido un comunicado en defensa de los agentes, rechazando las acusaciones de “violencia”, “represión” o “abuso de poder” formuladas por partidos políticos y colectivos. El sindicato ha asegurado que la Guàrdia Urbana “ha actuado en todo momento bajo criterios de proporcionalidad, legalidad y responsabilidad” y ha calificado de “absolutamente irresponsable e intolerable” intentar criminalizar la labor de los profesionales de la seguridad pública.
