Esta acción conjunta ha sido destacada durante el acto de Les Esquadres de la Región Policial Metropolitana de Barcelona, donde se ha reconocido la labor de un inspector de la Policía Nacional por su implicación en la coordinación de estas expulsiones. El evento, organizado por la policía catalana, celebra la trayectoria profesional de agentes de diversos cuerpos policiales y civiles.
La distinción pone en valor un trabajo de coordinación que ha sido fundamental para revertir las cifras de criminalidad multirreincidente en la capital catalana y en el resto del territorio. Los expedientes de expulsión se han tramitado en el marco del 'plan Kanpai', un dispositivo integral diseñado para frenar y combatir la multirreincidencia en toda Cataluña.
“"La multirreincidencia constituye un claro motivo de expulsión, con independencia de si las detenciones se han producido en el marco del 'plan Kanpai' o en otros dispositivos policiales."
La Ley de Extranjería, en su artículo 57, considera una infracción grave la participación de ciudadanos extranjeros en actividades contrarias al orden público, incluyendo la reincidencia delictiva. Sin embargo, el proceso de expulsión no es automático y requiere autorización judicial en todos los juzgados donde los delincuentes tengan causas pendientes.
Los jueces deben autorizar la medida, permitiendo que las penas de privación de libertad puedan ser sustituidas por la expulsión del territorio nacional, incluso si el afectado se encuentra en situación administrativa regular. Este dispositivo sostenido en el tiempo ha visto a la Policía Nacional asumir un papel clave en la tramitación y ejecución de las órdenes de expulsión, en estrecha colaboración con los Mossos d'Esquadra.
Más allá de las expulsiones, el 'plan Kanpai' ha demostrado un impacto significativo en los indicadores delictivos. Según datos de la Conselleria de Interior, el dispositivo ha reducido la actividad de los multirreincidentes en un 37% durante su primer año de aplicación. Esta tendencia positiva se mantiene a principios de 2026, con una disminución del 40% en los delitos cometidos por estos individuos en los dos primeros meses del año, lo que representa cerca de 9.000 infracciones penales menos.




