La ofensiva legal incluye 44 expedientes de anuncios que omiten el índice de referencia o la condición de gran tenedor del propietario. Las quejas se han formalizado ante la Agencia Catalana del Consumo y la de Vivienda, señalando a sociedades como New Amsterdam Developers (NAD) por presuntas prácticas abusivas en barrios como Gràcia y el Eixample.
“"Permitir que proliferen estos casos solo conduce al malestar, la frustración y el descontento entre la ciudadanía."
El caso de Txema Escorsa, vecino de la calle Sant Agustí, ilustra la situación: con una orden de desahucio para el 25 de marzo, denuncia que su piso de 811 euros está siendo transformado en habitaciones de 950 euros cada una. El conflicto se extiende a otros puntos como el edificio Papallona o localidades como Cerdanyola del Vallès.
