Según ha comunicado el cuerpo policial, los arrestados captaban a personas sin permiso de residencia o trabajo en las proximidades de las oficinas de atención ciudadana. La organización ofrecía los documentos a cambio de cantidades que oscilaban entre los 500 y los 1.000 euros.
El propósito de estos certificados era simular una permanencia en el territorio español para facilitar la obtención de permisos de residencia o de trabajo. La investigación, llevada a cabo por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, también ha revelado que la red contactaba con propietarios de inmuebles para ofrecerles una parte de los beneficios a cambio de autorizar empadronamientos en sus domicilios.
La operación policial continúa abierta y no se descarta que se produzcan nuevas detenciones en los próximos días.
