La primera semana de la regularización extraordinaria ha puesto al límite los servicios sociales catalanes. Ciudades como Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat y Badalona se han visto obligadas a reestructurar sus sistemas de atención para gestionar la gran cantidad de peticiones. La capital catalana ha abierto cuatro nuevos puntos de atención, mientras que L'Hospitalet ha habilitado el recinto ferial de La Farga para atender a más de 2.000 personas diarias. Por su parte, Badalona distribuye cerca de 270 turnos cada día.
“"Tenemos 8.000 citas hasta junio y no podemos atender a más gente."
El proceso presencial, iniciado el 20 de abril, ha generado largas colas desde el primer momento. Aunque se trata de un trámite vinculado a Extranjería, gran parte de la documentación depende de los municipios, que soportan una presión asistencial considerable. El delegado del Gobierno en Cataluña ha alertado sobre el riesgo de estafas, subrayando que los solicitantes no deben pagar ninguna cantidad por estos trámites.
Entre los documentos más solicitados se encuentran el certificado de empadronamiento y el de vulnerabilidad social. A pesar de que se pueden obtener por diversas vías, incluida la telemática, muchos solicitantes optan por la gestión presencial, saturando la red de atención municipal. La falta de información clara sobre dónde conseguir cada documento empuja a los usuarios de un punto a otro, generando confusión y frustración.
La respuesta municipal varía según el territorio. El Gobierno calcula que entre 120.000 y 150.000 personas podrían beneficiarse de la regularización en toda Cataluña. El Ayuntamiento de Barcelona ha activado un plan de refuerzo con cuatro equipamientos de atención sin cita previa. La Fundación Ibn Battuta, a pesar de triplicar su atención, ha tenido que cerrar sus puertas por la demanda desbordada, generando momentos de tensión con los Mossos d'Esquadra.
En L'Hospitalet, el dispositivo especial atiende a cerca de 2.000 personas diarias y se revisará su continuidad. En Badalona, el ayuntamiento ha optado por el reparto de turnos, con unos 270 atendidos al día, para evitar interferir en la atención habitual a los ciudadanos. El Parlament ha aprobado la formación de más de 1.200 personas para reforzar la atención en todo el territorio catalán.
