La portavoz del Govern, la consellera Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo, ha evitado pronunciarse directamente sobre si el ejecutivo avalaba este tipo de infiltraciones. Sin embargo, ha negado cualquier injerencia política en la operación policial, subrayando la necesidad de que la policía actúe con autonomía.
“"Todas las decisiones se toman desde un punto de vista operativo. Son los mandos policiales quienes deciden la proporcionalidad sin ningún tipo de directriz política. Debe haber una autonomía imprescindible."
Los Mossos d'Esquadra han justificado la infiltración como una valoración de riesgos en el contexto de la huelga de docentes, asegurando que sus actuaciones siempre se basan en la legislación vigente y las competencias asignadas. La consellera de Interior, Núria Parlon, comparecerá en el Parlament el 13 de mayo de 2026 a las 16:30 horas para ofrecer explicaciones y responder a las preguntas de los grupos parlamentarios.
El Govern ha defendido que estas operaciones policiales deben regirse por los criterios de oportunidad y proporcionalidad. La portavoz ha indicado que será necesaria una revisión para evaluar si estos criterios se ajustaron al caso concreto.
La infiltración ha generado un considerable malestar e indignación en la comunidad educativa. Sindicatos como USTEC, la CGT y la Intersindical han anunciado acciones judiciales, argumentando que la operación de los Mossos ha vulnerado derechos fundamentales como el de reunión, el de huelga y la libertad sindical. Al ser preguntada sobre esta cuestión, la consellera Paneque ha reiterado la importancia de garantizar el derecho de huelga y que la actuación policial sea proporcional y oportuna.
“"El derecho de huelga debe estar garantizado, la actuación vinculada en ámbito de seguridad debe ser proporcional y oportuna."
Un jurista y catedrático de filosofía del derecho ha defendido que la infiltración de los Mossos en la asamblea de docentes vulnera derechos fundamentales, planteando objeciones constitucionales significativas. Según su análisis, hay al menos tres derechos potencialmente afectados: la libertad sindical, el derecho de reunión y el derecho de intimidad ideológica y asociativa.
En cuanto a la libertad sindical, la presencia encubierta de policías podría tener un "efecto desmovilizador" sobre la actividad sindical. Respecto al derecho de reunión, la infiltración suscita serias dudas de proporcionalidad, ya que no consta públicamente ninguna investigación judicial abierta ni indicios de delitos violentos que justificaran la actuación. Finalmente, sobre el derecho de intimidad ideológica y asociativa, la recopilación de información sobre los participantes podría afectar la protección de datos sensibles, protegidas por la normativa española y europea.
Tanto el abogado de uno de los sindicatos como el jurista recuerdan que el Tribunal Constitucional español y el Tribunal Supremo español establecen que la infiltración debe estar muy justificada para delitos específicos, como la investigación de organizaciones criminales, y siempre que existan indicios claros de criminalidad.
