Guàrdia detalló que la UB tuvo la primera evidencia del caso a mediados de junio de 2025, cuando unas abogadas solicitaron información, y suspendió cautelarmente a Flecha en julio. Una comisión independiente comenzó a trabajar en septiembre y envió el caso a la Fiscalía en diciembre, aplicando el protocolo con “todas las garantías jurídicas”.
El informe preliminar de esta comisión ya apuntaba la existencia de un “grupo coercitivo de alto control” y sirvió para suspender de empleo a dos profesores y un catedrático honorario, además de la suspensión de Flecha. El rector advirtió que “no hacía falta esperar a tener todas las declaraciones para actuar”.
Los grupos parlamentarios (Comuns, CUP, ERC) criticaron a la universidad por la impunidad, recordando que existían denuncias internas archivadas de 2004 y 2016. Susana Segovia (Comuns) y Xavi Pellicer (CUP) lamentaron que el problema existía desde hacía 20 años y que el aparato institucional había fallado antes de 2025.
“"Claro, con el nombre de la Universitat de Barcelona se abren puertas. Y es por eso que la UB se presentará como acusación particular."
Guàrdia respondió que los protocolos internos han mejorado desde entonces, ya que las dos denuncias anteriores se archivaron tanto en la Fiscalía como internamente en la universidad. Subrayó que las denuncias actuales, que se remontan a 2012, 2013 y 2014, se centran en relaciones sexuales con estudiantes y trabajadoras, a diferencia de las anteriores que trataban presuntos comportamientos sectarios del grupo CREA.
“"Fue un clamor. Mucha gente lo sabía."
Trinidad Donoso recordó que hasta 400 personas se adhirieron al comunicado de denuncia y pidió que la comisión interna continúe investigando. Aseguró que las “estrategias y técnicas de funcionamiento” del antiguo grupo de investigación CREA, que dejó de ser una estructura interna en mayo de 2015, siguen presentes en la universidad.
