Según los cálculos de Red Eléctrica, 93 empresas han resultado afectadas por este engaño y ahora buscan una indemnización. La Fiscalía señala al empresario Esteban Roig como director de la estructura fraudulenta, para quien pide dieciséis años de prisión. Otras dieciséis personas también están acusadas, con penas solicitadas de entre nueve y seis años.
El escrito de acusación detalla que los acusados abrieron al menos trece compañías comercializadoras de energía y presuntamente se organizaban para no pagar a las productoras la energía cobrada a los consumidores finales. El fraude, que comenzó en 2012 y se destapó a finales del 2017, se aprovechaba del funcionamiento del sistema eléctrico, especialmente de los mecanismos de "ajustes" o "desvíos" que se producen cuando la demanda supera la previsión y la energía no se puede almacenar.
Este sistema permitía que las comercializadoras facturaran a los clientes toda la energía suministrada, mientras que la responsabilidad de los "desvíos" impagados, que podían llegar a ser un 10% de la energía servida, no se determinaba hasta unos ocho meses después. Este lapso fue la brecha para el fraude. Las empresas implicadas eran expedientadas e inhabilitadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero el entramado utilizaba una compleja estructura de sociedades para esquivar las sanciones.
Las comercializadoras captaban clientes ofreciendo precios bajos, aumentando así los "desvíos" impagados, que finalmente se trasladaban al precio final de la energía para el consumidor. Una vez inhabilitada una compañía, los clientes eran derivados a otra empresa relacionada con el entramado. Parte de los fondos obtenidos se transferían a otras sociedades vinculadas para ocultarlos.
El centro de operaciones se encontraba en Madrid, pero la organización también contaba con empresas en Barcelona. La sede en un edificio del barrio de Sarrià actuaba como nexo de unión, dando apariencia de legalidad a las actividades fraudulentas.
