El joven, que trabajaba para una empresa de transporte de muebles, se presentó en las instalaciones de la Guardia Civil para realizar una entrega rutinaria de mobiliario destinado al personal del cuerpo. Durante el control de acceso, los agentes de la Sección de Protección y Seguridad (SEPROSE) identificaron a los tres trabajadores presentes.

En la comprobación de datos, saltó una alerta en la Base de Datos de Señalamientos Nacionales (BDSN) indicando que uno de los transportistas tenía una requisitoria judicial activa de búsqueda, detención e ingreso en prisión. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Barcelona verificó la información a través del sistema SIRAJ.

La requisitoria, emitida por la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Pamplona, era por un delito de quebrantamiento de condena. Una vez confirmada su vigencia, los agentes procedieron a la detención del transportista dentro del mismo recinto.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Martorell, que decretó su ingreso en un centro penitenciario de Barcelona. Lo que debía ser una jornada laboral habitual terminó con el transportista dirigiéndose a prisión en lugar de completar su entrega.