El pacto alcanzado tras dos semanas de negociación establece que el Parlament deberá aprobar una ley para prohibir la venta especulativa de viviendas a grandes tenedores en zonas de alta demanda. Esta restricción afectará a propietarios con más de cinco inmuebles, quienes solo podrán adquirir edificios si los destinan al mercado de alquiler con rentas limitadas.

Además de la vivienda, el documento incluye una partida de 100 millones de euros para becas comedor y otros 100 millones para ayudas al alquiler que alcanzarán al 25% de las familias catalanas. También se implementará un bono de 25 euros para jóvenes destinado a productos de salud sexual y menstrual.

La medida ha generado rechazo en sectores empresariales vinculados a Foment del Treball, que critican el exceso de regulación. Por su parte, el Govern sigue negociando con ERC para activar el Consorcio de inversiones previsto en los acuerdos de investidura.