La normativa, que ha recibido el apoyo de Govern, Junts per Barcelona y el Partido Popular, establece el marco jurídico y operativo para la utilización de esta herramienta policial. Fija los requisitos de formación de los agentes e incorpora mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas. Ahora se abre un periodo de exposición pública antes de la aprobación definitiva en el Consell Plenari.
Los DCE se incorporan como una herramienta intermedia entre la defensa extensible y el arma de fuego, para hacer frente a situaciones de elevada complejidad y riesgo grave para la integridad física. El reglamento recuerda que esta herramienta ya es utilizada por numerosos cuerpos policiales en el Estado, como los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El uso de los DCE queda restringido a situaciones con riesgo grave para la vida o la integridad física de agentes, terceras personas o la propia persona implicada. Se aplicarán en actuaciones como agresiones violentas, amenazas con armas, intentos de autolisis u otras situaciones de extrema necesidad para evitar un daño inminente.
Antes de utilizar el dispositivo, y siempre que sea posible, los agentes deberán agotar las vías de diálogo, negociación y mediación, y advertir claramente a la persona afectada de la posibilidad de uso si no modifica su conducta.
El texto prohíbe expresamente el uso de los DCE sobre personas inmovilizadas o esposadas bajo custodia policial en dependencias policiales, así como ante conductas de resistencia meramente pasiva. Como norma general, tampoco se podrán utilizar sobre mujeres embarazadas, menores de 14 años, personas de edad avanzada o especialmente vulnerables por motivos de salud, salvo en situaciones excepcionales para evitar un mal mayor o un riesgo grave e inmediato.
La normativa también establece que las descargas se limiten al mínimo imprescindible para neutralizar la amenaza y fija una duración máxima de cinco segundos por activación.
Solo los funcionarios de carrera de la Guardia Urbana que hayan superado la formación específica obligatoria y desarrollen funciones determinadas podrán disponer de DCE. La formación incluirá contenidos jurídicos, operativos, de seguridad, primeros auxilios y conocimientos sobre el uso de desfibriladores externos automáticos (DEA), además de técnicas de desescalada para crisis de salud mental.
Los DCE incorporarán sistemas tecnológicos para registrar la hora de activación, el número de descargas y otros parámetros técnicos. También incluirán sistemas de captación de imágenes, y los agentes deberán portar dispositivos personales de grabación. Tras cada uso, se deberá activar asistencia sanitaria, garantizar la preservación de pruebas y documentar las circunstancias.
La supervisión anual corresponderá al órgano encargado de la evaluación deontológica y ética de la Guardia Urbana, que elaborará un informe sobre los usos, tipología de incidentes, perfiles afectados y lesiones. Este informe se pondrá a disposición del gobierno municipal, la Sindicatura de Greuges de Barcelona y se publicará según los criterios de transparencia.
El reglamento prevé una evaluación específica durante el primer año de funcionamiento para analizar la implantación, adecuación de los protocolos y formación, y determinar posibles mejoras.
