La tensión entre el sector educativo y el Govern se ha intensificado después de que la CGT denunciara la presencia de dos agentes de paisano en una reunión en el Institut Pau Claris de Barcelona. Esta revelación ha provocado una oleada de reacciones por parte de los partidos de la oposición, que consideran los hechos una vulneración flagrante de los derechos.
“"Tengo confianza y mucho respeto por la profesionalidad de los Mossos."
Durante una entrevista, el presidente ha afirmado no tener conocimiento de la presunta infiltración, aunque ha subrayado que no es su responsabilidad estar informado de estas decisiones, que recaen en la Conselleria de Interior. Ha asegurado que se darán las explicaciones pertinentes sobre la actuación policial.
El Departamento de Interior ya emitió un comunicado defendiendo que los Mossos actúan siempre de acuerdo con la legislación vigente y sus competencias. Tanto la Dirección General de la Policía como el departamento han manifestado su voluntad de proporcionar todas las explicaciones necesarias a los grupos parlamentarios, reafirmando su compromiso con la garantía del derecho de reunión y manifestación.
A pesar de ello, las explicaciones no han satisfecho a la oposición. ERC, Junts, Comuns y la CUP han exigido comparecencias de la consellera de Interior, Núria Parlon, la de Educación, Esther Niubó, y el director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Estas peticiones surgen en un contexto de dudas sobre el plan piloto que permitiría a los Mossos de paisano acceder a los institutos para la mediación de conflictos, una propuesta que ha generado un fuerte rechazo entre la comunidad docente.
El conflicto con los profesores se mantiene enquistado, no solo por estas polémicas relacionadas con la policía, sino también por la negativa del Govern a reabrir la negociación sobre las mejoras salariales pactadas previamente con UGT y CCOO. Se han convocado hasta 17 huelgas hasta final de curso, mientras los sindicatos mayoritarios, como Ustec, CGT, Aspepc y La Intersindical, continúan reclamando una reunión con la consellera Niubó. El ejecutivo confía en que las mejoras salariales previstas para el mes de mayo y las vacaciones de julio contribuyan a calmar los ánimos de los docentes.
