El regreso del jefe del ejecutivo catalán coincide con un momento de máxima exigencia política. El Govern, en minoría, debe gestionar carpetas críticas como la crisis de Rodalies, las protestas en enseñanza y sanidad, y el debate sobre la financiación autonómica en Madrid. Esta fragilidad parlamentaria obliga al PSC a depender de los apoyos de ERC y los Comuns, que buscan tensar la cuerda para obtener concesiones.
Si los presupuestos no salen adelante en términos razonablemente alineados con su proyecto, el presidente tiene ante sí varias opciones. La más audaz sería disolver y convocar.
La estrategia del adelanto electoral se plantea como una herramienta de presión. Aunque conlleva riesgos, como la falta de garantías de una mayoría más estable, podría ser una salida racional si el bloqueo se vuelve estructural. Esta amenaza busca modular las pretensiones de los socios externos y poner a prueba la fragmentación de Junts y la capacidad de resistencia de ERC ante las urnas.
