El ejecutivo liderado por Jaume Collboni no tiene asegurada la mayoría necesaria. Las tensiones entre Barcelona en Comú y ERC complican un acuerdo que es vital para frenar lo que el alcalde define como fuga fraudulenta de contratos que eluden el tope de precios.
“"No está garantizado que salga adelante; de hecho, no lo está todavía."
La normativa ha generado un fuerte rechazo en el sector inmobiliario, sumando 16 alegaciones de organismos como la Cámara de la Propiedad. Los críticos sostienen que el consistorio carece de competencias para regular el uso de la vivienda, una facultad que atribuyen a la Generalitat o al Estado.
