La sentencia sostiene que el ayuntamiento omitió la solicitud de un informe obligatorio a la Agencia Catalana del Agua (ACA). Este trámite era necesario porque el plan reconoce la presencia de ocho minas de agua en la zona afectada. El juez recuerda que la ley de Urbanismo exige que estos informes se soliciten durante el periodo de información pública.

El Ayuntamiento de Barcelona recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo, por lo que la normativa sigue vigente de forma provisional. El plan de 2022 se diseñó para proteger la identidad del barrio, incluyendo la preservación de 71 ambientes tradicionales y la creación de más de 1.700 viviendas protegidas.