El estudio, elaborado por el Departamento de Interior a petición de los Comuns, analiza caso por caso los atestados. De los 32 fallecidos registrados, 15 perdieron la vida en contextos donde se utilizó un arma de fuego. Esta cifra incluye a los seis terroristas abatidos durante los atentados de la Rambla de Barcelona y Cambrils en 2017, así como al hombre que asaltó una comisaría en Cornellà en 2018.
El informe de Interior señala que todas las víctimas eran hombres, de entre 17 y 61 años. De los 32 fallecidos, 19 eran de nacionalidad española y 13 extranjera. Además, 19 de las víctimas se vieron envueltas en situaciones de brotes psicóticos, consumo de drogas o problemas de salud previos que derivaron en una parada cardiorrespiratoria.
De los 32 fallecidos en actuaciones policiales desde 2004, 15 fueron por el uso de arma de fuego y 17 en otros tipos de episodios, a menudo relacionados con problemas de salud mental o consumo de drogas.
Entre los incidentes con arma de fuego, se incluye la muerte de un hombre de 34 años en Santa Coloma de Gramenet en 2004 por un disparo accidental durante un forcejeo. También se detalla el caso de un hombre con problemas de salud mental que murió en Olot (Girona) en 2012, y el de un fugitivo que fue abatido en Ripoll (Girona) en 2013 tras embestir y disparar contra los agentes.
Más recientemente, en 2023, un conductor de un vehículo robado murió en Vandellòs después de que un agente disparara para evitar ser atropellado, causa que fue archivada. El caso más reciente es el de julio de 2025 en Calldetenes, donde los GEI abatieron a un hombre atrincherado que había matado a su hermano.
En cuanto a las muertes sin arma de fuego, el informe recoge casos de personas que sufrieron un ataque al corazón tras ser reducidas, incluyendo el uso de la pistola táser. Destaca la reducción de Juan Andrés Benítez en el Raval en 2013, donde seis agentes fueron condenados por homicidio imprudente.
