Este contrato, que incluye una posible prórroga de tres años y nueve meses, abarca el servicio de agua en las localidades de Cervelló, Olesa de Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca y Sant Cugat del Vallès. La empresa adjudicataria deberá realizar una inversión inicial de 7 millones de euros para la puesta en marcha del servicio.
Tras cerrar el plazo de presentación de ofertas el pasado viernes, se han hecho públicas las compañías que aspiran a gestionar el suministro para aproximadamente 230.000 habitantes. Entre los participantes destacan Sacyr y Agbar (integrada en Veolia), que se presentan en solitario. También compiten varias Unión Temporal de Empresas (UTE), como la formada por Facsa-GS Inima-Constructora de Calaf, Gestagua-Saur, Aqualia-Aguas de Valencia, e Indaqua-Hidrogestión.
Veolia, que reestructuró su negocio en España a finales del año pasado con la integración de Agbar, busca mantener su posición dominante, ya que actualmente es el concesionario de este servicio y gestiona el 83% de los municipios del AMB. Su nuevo director general, Daniel Tugues, lidera esta pugna. Por su parte, Aqualia, propiedad de FCC y el fondo australiano IFM, aspira a consolidar su presencia en Cataluña, donde ya abastece a 240 municipios y opera la planta desalinizadora de la Tordera en Girona. Algunos la consideran la principal competidora de Veolia, dada la relación entre FCC y Antonio Balmón, alcalde de Cornellà y primer ejecutivo del AMB.
El ganador se hará cargo del riesgo si la demanda de agua no alcanza lo previsto. Además, las subidas económicas en los costes de personal o suministros forman parte del funcionamiento normal del servicio, por lo que no se contempla ninguna compensación adicional.
La empresa adjudicataria deberá pagar un canon anual de 2 millones de euros al AMB, revisable anualmente según la evolución de la tarifa media. Los ingresos del concesionario provendrán exclusivamente de las tarifas y derechos cobrados a los usuarios, con la posibilidad de cobrar un interés sobre el capital invertido no amortizado, con un límite del 3,5% durante la primera década.
