La formación sostiene que el uso de un arma de fuego contra un animal requiere un examen judicial exhaustivo. El archivo de la causa penal se produjo tras un proceso de mediación de tres años donde el agente y el propietario del can alcanzaron un acuerdo de conformidad.
“"La muerte de la perra no puede quedar sin un pronunciamiento judicial."
El magistrado encargado del caso señaló en su auto que ambas partes deseaban dejar atrás el conflicto. El agente se enfrentaba a una acusación por maltrato animal, mientras que el dueño de Sota estaba acusado de atentado contra la autoridad tras el incidente ocurrido en 2018.
