Los hechos salieron a la luz cuando un hospital alertó a los Mossos d'Esquadra tras el ingreso del menor con lesiones de extrema gravedad. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmado que el magistrado aprecia indicios de criminalidad suficientes para mantener a los progenitores en régimen de reclusión sin fianza.

La Fiscalía de Barcelona solicitó la medida cautelar ante el riesgo de fuga y la gravedad de las penas, que podrían oscilar entre los 10 y 15 años de cárcel. Mientras avanza la instrucción, la Generalitat ha asumido la tutela legal del pequeño a través de la DGPPIA, suspendiendo la patria potestad de los investigados.

Este caso ha puesto de relieve la eficacia de los protocolos de detección de maltrato infantil, reforzados en Catalunya tras casos históricos como el de la pequeña Alba en 2006. Actualmente, el Registro Unificado de Maltratos Infantiles permite una coordinación telemática inmediata entre centros sanitarios, policía y judicatura.