El Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha anunciado su intención de endurecer las penas previstas en el Código Penal para la tenencia de armas de fuego sin la correspondiente licencia. La propuesta busca aumentar la pena de prisión actual, que es de dos años, hasta un máximo de cinco años.

Esta medida llega como respuesta a la creciente preocupación por la violencia armada en la ciudad de Barcelona, después de que un hombre muriera por un disparo en la cabeza la semana pasada. Este incidente se enmarca en una tendencia de tiroteos mortales vinculados al crimen organizado que han tenido lugar en la ciudad en las últimas semanas.

El director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha señalado que la legislación actual resulta "laxa" y que la tenencia de armas de fuego "le sale bastante gratis" a los infractores, ya que "pocas veces supone ir a la cárcel". Trapero ha defendido que quien lleva un arma de fuego lo hace con la intención de hacer daño, y eso debe tener una consecuencia penal más severa, comparando las penas propuestas con las de otros países europeos como Alemania o Italia.

Paralelamente, el Departamento de Interior también quiere incrementar las penas por grandes cultivos y tráfico de marihuana. La propuesta plantea pasar de la franja actual de entre 1 y 3 años de prisión a una de 6 a 9 años. El objetivo es considerar la marihuana como un problema de salud pública que afecta a la comunidad, y no solo una droga con un menor daño individual comparado con otras sustancias.

La consejera de Interior, Núria Parlon, ha destacado que la propuesta pretende "disuadir con las mejores herramientas" el uso de armas de fuego por parte de organizaciones criminales. La propuesta se está elaborando en colaboración con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y se presentará en el Congreso de los Diputados para su aprobación.

Los datos del Departamento de Interior indican que, de enero a mayo, se han registrado 247 incidentes con arma de fuego en Cataluña, un 7,8% menos que el año anterior. Sin embargo, los incidentes con armas de fuego reales, que implican muertes, heridos o la recuperación de munición, han aumentado un 7% en el primer trimestre, con 48 casos.