La situación política en Cataluña continúa marcada por la incertidumbre, con Carles Puigdemont a la espera de novedades judiciales y su formación, Junts, inmersa en una pugna interna por la candidatura a la alcaldía de Barcelona. Este escenario político se mezcla con una investigación municipal sobre una trama de pensiones ilegales, que pone el foco en el alojamiento turístico irregular en la ciudad.

Según informaciones recientes, Puigdemont no contempla apoyar mociones de censura mientras espera los efectos de su amnistía y busca un candidato solvente para la capital catalana. La dirección de Junts se enfrenta a un complejo proceso de primarias para definir su propuesta electoral en Barcelona, con varias figuras internas considerando presentarse, como Jordi Martí, Jaume Alonso-Cuevillas, Josep Maria Argimon, Glòria Freixa y Jaume Giró. La decisión final, que podría pasar por primarias o una designación directa, se espera para el 21 de junio.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Barcelona ha intensificado su estrategia para combatir el negocio del alojamiento turístico ilegal. La nueva ofensiva municipal busca conseguir penas de prisión para los responsables de una trama conocida como los 'suecos peruanos', que se dedica a alquilar pisos, dividirlos en habitaciones y subarrendarlos de manera sistemática. Esta red, que controla un número significativo de pisos principalmente en Ciutat Vella y el Eixample, ha evadido sanciones previas mediante testaferros y sociedades mercantiles.

En el ámbito judicial, la situación de Marta Rovira, exsecretaria general de ERC, continúa pendiente de resolución. El Tribunal Supremo ha declinado su competencia para juzgarla por desobediencia en el marco del 'procés', remitiendo el caso a la Audiencia de Barcelona, dado que la investigada no goza de aforamiento.

En clave económica, se analiza el impacto de la inmigración en Cataluña a través del llamado 'Informe Fènix'. El documento cuestiona la necesidad de dicha inmigración para la prosperidad económica y alerta sobre sus posibles efectos en el Estado del bienestar, a pesar de que organismos internacionales destacan su contribución al crecimiento del PIB español.