La decisión de la Audiencia de Barcelona llega tras admitir un recurso presentado por la entidad, que ve elementos que podrían indicar una intervención externa 'no autorizada' en los teléfonos móviles de los afectados. La autoría de esta intervención apunta directamente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Por ello, se ha solicitado un suplicatorio al Consejo de Ministros español para desclasificar toda la información que el CNI pueda tener sobre la infección de los dispositivos del ex-vicepresidente de Òmnium, su responsable internacional y legal, y una periodista.
Además, la Audiencia ha ordenado una comisión rogatoria a Israel, país donde tienen su sede las empresas propietarias de los softwares de espionaje, para determinar si conservan datos sobre el uso de Pegasus en relación con las tres personas espiadas. El recurso de Òmnium, que solicitaba la investigación de la infección y el uso del software, aportó numerosas pruebas periciales informáticas.
“"La reapertura de la causa y el hecho de que el juez haya admitido la existencia de delitos supone la confirmación del espionaje político perpetrado contra la asociación cultural."
La entidad había denunciado previamente una investigación judicial 'fragmentaria, lenta, revictimizadora e inefectiva', ya que el juez no había practicado ninguna diligencia de investigación. Por ello, pedía un nuevo impulso procesal para aclarar los hechos y hacer justicia, incluyendo la citación a declarar de las mercantiles NSO Group Technologies Limited, Q Cyber Technologies Limited y OSY Technologies, propietarias del software de espionaje, para que cedieran todos los datos y documentación bancaria vinculadas a las operaciones con Pegasus.
El presidente de Òmnium ha subrayado que el hecho de que la Audiencia vea indicios de autoría por parte del CNI demuestra que la 'persecución al independentismo' se lleva a cabo en unos 'marcos ilegales y represivos brutales' que no respetan los derechos fundamentales. Ha recordado que el Catalangate no solo atenta 'contra el derecho a la intimidad y a la comunicación' de las personas implicadas, sino que también afecta su libertad de expresión y el derecho a la defensa, además de espiar ilegalmente a una de las organizaciones de la sociedad civil más importantes de Europa. El juzgado de instrucción 21 de Barcelona había archivado la investigación el 12 de febrero de este año.
