El 2 de febrero, este medio solicitó, amparado por la ley de transparencia, datos sobre el número de incidencias reportadas por los maquinistas de la línea AVE Barcelona-Madrid entre el 1 y el 18 de enero de 2026, justo antes de los accidentes de Adamuz y Gelida. También se pidieron las incidencias posteriores al 18 de enero, su concreción técnica y las acciones correctoras, así como datos comparativos de 2025 e información similar para la línea Madrid-Sevilla.
La respuesta de Renfe Operadora, a quien el Ministerio de Transportes derivó la petición, ha sido negativa. La operadora ha inadmitido la solicitud argumentando que Renfe Viajeros no es una administración pública ni tiene competencia en accidentes ferroviarios, y que la información requerida no se adquiere en el ejercicio de funciones públicas. Además, alega que responder implicaría crear un nuevo informe a partir de datos 'dispersos'.
No procede facilitar el acceso a la información solicitada, en tanto que Renfe Viajeros no tiene condición de administración pública ni tiene competencia administrativa en relación con accidentes ferroviarios.
Expertos en transparencia han criticado duramente esta decisión. Joan Ridao, letrado del Parlament, la califica de 'escándalo', recordando que Renfe forma parte del sector público y debe estar sujeta a la transparencia. Antoni Bayona, profesor de derecho constitucional en la UPF, considera que la resolución carece de fundamentación jurídica y que la derivación a Renfe Viajeros es una 'maniobra' para evitar responder. Pep Mir, profesor de derecho administrativo, subraya que la norma sí somete a las empresas mercantiles del sector público.
La negativa de Renfe también se extiende a la línea Madrid-Sevilla, alegando una investigación en curso de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Contra esta resolución, se puede interponer un recurso ante el Consejo de la Transparencia, y este diario ya está trabajando jurídicamente para hacerlo.
“"Para tranquilidad y buena planificación, esta información debería ser pública."
Esta opacidad no es un hecho aislado. Recientemente, Adif bloqueó una web de la plataforma Dignitat a les Vies que publicaba limitaciones temporales de velocidad, un hecho que el presidente de Adif admitió como un 'error' en el Congreso. Anna Gómez, portavoz de Dignitat a les Vies, lamenta la falta de transparencia, especialmente ante la creación de la nueva empresa Rodalies Catalunya, y insiste en la necesidad de hacer pública la información sobre inversiones y mejoras.
