La proposición de ley, impulsada por diversas formaciones políticas como el PSC, Junts, ERC, los Comuns y la CUP, prevé la eliminación gradual de los VTC en Barcelona a medida que las licencias existentes caduquen. Esta medida ha generado una profunda división, con el sector del taxi defendiendo la regulación y los VTC alertando de su desaparición.
“"Hablamos de 6.000 familias que se dedican a este sector y que se quedarían sin trabajo."
“"Dejad el mantra de que os queremos echar. Esta ley no expulsa a los VTC, los ordena."
La patronal Unauto VTC considera la propuesta legislativa ilegal, argumentando que favorece un monopolio del taxi, según un estudio encargado a la Universitat de Barcelona. Pablo Álvarez-Pire, de Cabify, ha instado a una negociación conjunta para establecer una ley justa y ha advertido de posibles recursos judiciales si no se llega a un acuerdo.
Los VTC defienden su necesidad en Barcelona, afirmando que cubren una demanda de transporte que los taxis no pueden asumir y que los ciudadanos ya han optado por sus servicios. En contraposición, Antoni Servós, del Sindicat del Taxi de Catalunya, opina que las licencias de taxi en España están sobredimensionadas y que los 10.500 taxis de Barcelona son suficientes para cubrir las necesidades de la ciudadanía, siempre que se "ordene la movilidad" en la ciudad.
