La marcha, que comenzó en el paseo de Gracia con la calle Aragón y estaba prevista que finalizara en la plaza de Sant Jaume, contó con la participación de agricultores del Baix Llobregat con sus tractores y otros vecinos de la zona que llegaron en bicicleta. Bajo el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", se organizaron diez columnas desde diferentes barrios de la ciudad y municipios del área metropolitana.
Esta protesta llega cinco años después de una movilización similar y justo después de que el gobierno español aprobara el DORA III, el plan de inversión aeroportuaria. Este plan destina más de 1.700 millones de euros al aeropuerto de El Prat, principalmente para mejorar las terminales T1 y T2 y sus aparcamientos. Aunque prevé casi 192 millones para trámites previos de una posible ampliación, las obras no se iniciarían, si llegaran a hacerse, hasta después del 2031.
“"Los gobiernos de la Generalitat y del Estado y Aena hacen negacionismo climático y actúan de manera irresponsable cuando defienden ciegamente la ampliación del aeropuerto."
Desde Zeroport, se considera que una ampliación del aeropuerto tendría consecuencias que van más allá de la "pérdida de biodiversidad" y la "destrucción del delta del Llobregat". Según la plataforma, reforzaría un modelo económico centrado en el turismo en un área metropolitana ya saturada, agravando el acceso a la vivienda y afectando la cohesión social.
Clàudia Custodio, también integrante de Zeroport, expresó la aspiración de repetir la movilización social de hace cinco años, cuando se logró detener la ampliación. "Sabiendo que la ampliación había sido ya parada, expresamos que seguramente habría que volver a hacerlo más adelante", recordó Custodio.
La cuestión de la ampliación continúa generando división en Cataluña. Mientras organizaciones ecologistas y grupos que buscan limitar la masificación turística se oponen, la mayoría de patronales y entidades económicas la apoyan. La Cambra de Comerç de Barcelona y el Col·legi d'Economistes de Catalunya han reiterado su postura a favor, argumentando que la infraestructura actual limita la competitividad económica.
La polémica también se refleja en el gobierno español. El ministro de Transportes, Óscar Puente, indicó que la ampliación se abordaría en el próximo plan inversor si la Unión Europea la avalaba ambientalmente. En contraste, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, expresó su oposición a un "modelo de crecimiento desbocado" que tensiona aún más Barcelona. El líder de ERC, Oriol Junqueras, también se mostró crítico con los anuncios del plan DORA III.
