El instructor sostiene que no hay base para continuar con las pesquisas y cuestiona los resultados de Citizen Lab. Según el auto, la investigación no ha podido demostrar materialmente la infección del teléfono debido a que el propio Josep Costa declinó entregar su terminal a los laboratorios especializados designados por el juzgado.
El juez critica que la acusación se sustente únicamente en informes externos de entidades como el Consejo de Europa o el Síndic de Greuges, sin aportar evidencias técnicas directas del dispositivo afectado. Esta resolución marca una diferencia respecto a otros casos similares que siguen activos en la capital catalana.
No cabe inferir una justificada comisión que fundamente la continuación de la instrucción.
Mientras este caso se cierra, el mismo juzgado mantiene abiertas otras líneas de investigación sobre el uso de Pegasus contra exdiputados de la CUP, habiendo solicitado recientemente la desclasificación de información al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
