Esta oposición conjunta ha llevado a la solicitud de una comisión de Derechos Sociales en el Ayuntamiento de Barcelona, aún pendiente de calendarización, con el objetivo de que el alcalde se pronuncie sobre la cuestión. Los partidos consideran que la iniciativa del Govern representa un cambio de modelo que podría transformar los centros educativos en espacios de control, alejándolos de su función como entornos de confianza y aprendizaje.
El plan piloto del Govern contempla el despliegue de agentes de paisano, sin armas, en una docena de centros educativos con la finalidad de reducir la conflictividad. Esta medida ya ha generado críticas por parte de sindicatos y profesores, incluyendo a la USTEC, el sindicato mayoritario del sector, que la ha calificado de
“"un despropósito"
Según los grupos municipales, la propuesta del Govern
“"abre un debate de fondo que va mucho más allá de una medida puntual, ya que implica un cambio de modelo en el papel de la policía dentro de los centros educativos"
Advierten que, por primera vez, se plantea que la policía pase de ser un recurso complementario a formar parte estructural del día a día de los institutos, hecho que podría alterar la naturaleza misma del espacio educativo.
Los partidos firmantes argumentan que la introducción de agentes policiales como figura estable podría ser percibida como una sustitución de recursos educativos por mecanismos de control, en lugar de abordar las causas estructurales de los conflictos. Además, alertan que la transformación de los institutos en un espacio de vigilancia podría deteriorar la convivencia, debilitar la relación educativa y contribuir a la criminalización de conductas menores.
Junts, ERC y Barcelona en Comú defienden un modelo alternativo basado en la prevención y el fortalecimiento de los recursos educativos y sociales. Proponen incrementar la presencia de educadores sociales, psicólogos y orientadores, desplegar programas de educación socioemocional y de justicia restaurativa, e impulsar iniciativas de mentoría para el alumnado en situación de riesgo.
La votación de la comisión municipal se aprobará, ya que los tres grupos convocantes tienen mayoría. La moción instará al Govern a retirar el plan piloto y reafirmará que las políticas públicas para reducir los conflictos deben situar la educación, la comunidad y las oportunidades en el centro de la acción pública.
