La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado, reconoce el papel del edificio como centro de represión durante la dictadura franquista. Según el texto oficial, desde el año 1941, estas dependencias fueron un punto clave donde se produjeron detenciones arbitrarias y torturas contra personas que defendían los derechos fundamentales.
A pesar de la nueva distinción, el Gobierno ha aclarado que la declaración no conlleva ningún cambio en la funcionalidad del inmueble. La sede continuará operando como dependencias policiales en el centro de Barcelona. La resolución subraya que cualquier actividad futura deberá ser compatible con la preservación de la memoria histórica y la reparación moral de las víctimas.
La declaración como Lugar de Memoria Democrática no altera el uso actual.
Diversas entidades memorialistas han expresado su rechazo a la decisión. Consideran que mantener el uso policial es incompatible con la dignificación del espacio y reclaman que el edificio se convierta íntegramente en un centro dedicado a la interpretación de la tortura y a la pedagogía para las nuevas generaciones.
