La medida del Govern llegó en un momento de alta tensión sanitaria. Los informes de la época indicaban un leve repunte de casos de Covid-19 en centros como el Hospital de Mataró durante el mes de septiembre de 2020.
Este refuerzo presupuestario se sumaba a otras iniciativas regulatorias que se estaban debatiendo, como la propuesta de prohibir fumar en la vía pública y en las terrazas para limitar las interacciones sociales y la propagación del virus.
La urgencia de la situación se veía reflejada en los brotes localizados, como el detectado en la residencia geriátrica El Mirador de Mataró en agosto de 2020, donde se confirmaron 32 personas infectadas.
Anteriormente, la gestión de la crisis había provocado fricciones legales, especialmente después de que una jueza anulara el confinamiento domiciliario de positivos de Covid-19 ordenado por el Ayuntamiento de Mataró el 23 de julio de 2020.
