El sector privado denuncia que ha pasado de realizar el 80% de los trabajos licitados a verse fuera de la ecuación. El detonante ha sido la contratación de un técnico de verde urbano para municipios como Berga, Puig-reig, Cercs y Casserres, entre otros, financiado por la Diputación de Barcelona.
Los jardineros locales critican que los nuevos criterios de poda y la compra directa de plantas a viveros foráneos perjudican la economía circular. Aseguran que la administración está priorizando criterios administrativos sobre la experiencia técnica de los profesionales que conocen el terreno.
“"Se toman decisiones solo desde ámbitos administrativos o políticos, sin tener en cuenta la experiencia técnica de quien conoce el estado de los árboles."
Empresas como Agrocaser Jardiners o Jardineria Freixa, apoyadas por la Asociación Comarcal de Empresarios, exigen un equilibrio. Mientras tanto, los ayuntamientos defienden la optimización de recursos pero admiten la necesidad de buscar fórmulas para apoyar al sector local.
