La investigación se centra en una edificación cercana al núcleo de Queixans, en el municipio de Fontanals de Cerdanya. La acusación, impulsada por la entidad SOS Pirineus, denunció que la construcción se encuentra en un área protegida y con riesgo de inundación.
Durante la jornada, también han declarado varios técnicos que elaboraron informes sobre la edificación. Entre ellos, un perito propuesto por la defensa, una persona citada por la jueza y un arquitecto municipal llamado por la acusación. Todos ellos se han remitido a los planteamientos que ya habían hecho llegar a la Fiscalía.
“"El presidente del Consell Comarcal ha tenido que reconocer, a preguntas de la jueza, que era propietario de la finca en el momento en que se produjeron ilegalidades que constituyen delito y, por lo tanto, a nuestro entender, todo lo que es la responsabilidad penal sigue en el mismo punto que estaba antes de producirse esta declaración."
El abogado de la entidad ecologista ha añadido que el reconocimiento de la construcción de una piscina y una caseta, así como una posible autorización residencial en una zona inundable, no ha podido ser descartado por los técnicos. Esta situación, según su perspectiva, podría conducir directamente a un juicio oral para aclarar las responsabilidades.
“"Pienso que es importante que la justicia traslade el mensaje de que ante la legalidad urbanística somos todos iguales, no hay diferencias y, en este sentido, los cargos políticos o la relación con las instituciones de determinadas personas, no pueden consistir en un trato de favor, y menos en cuestiones urbanísticas."
El abogado ha lamentado que el presidente del Consell Comarcal haya aprovechado parte de su declaración para "atacar a la entidad ecologista y la labor que lleva a cabo en la comarca". Ha indicado que la instrucción se encuentra prorrogada y que se podrían practicar más diligencias, aunque ya han declarado todos los investigados y las partes han propuesto los informes necesarios. Por todo ello, se ha mostrado optimista respecto a la apertura de un juicio oral.
Por su parte, ni el presidente del Consell Comarcal de la Cerdanya ni ningún representante de la parte acusada han ofrecido declaraciones a los medios para dar su versión de los hechos.
