Durante décadas, las tarjetas de crédito se han consolidado como un instrumento financiero cotidiano, impulsado por la digitalización y la facilidad de acceso. Las entidades financieras habían normalizado estrategias comerciales como las ofertas integradas en paquetes bancarios o las promociones ligadas a la fidelización.
Esta dinámica a menudo resultaba en la ampliación automática de límites o la activación de nuevas líneas de crédito sin una petición previa clara. El nuevo texto legal busca cerrar esta brecha, ya que el Ministerio de Economía ha remarcado que las ofertas seguirán siendo posibles, pero nunca la concesión efectiva sin aceptación.
Se prohíbe toda concesión de crédito a los consumidores que no hayan solicitado previamente y sin su consentimiento expreso.
El anteproyecto va más allá de las tarjetas y regula de manera integral la financiación al consumo, trasladando dos directivas europeas. Esto incluye desde préstamos personales y microcréditos hasta los modelos buy now, pay later.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la fijación de límites al coste del dinero para frenar prácticas usurarias, con especial énfasis en las tarjetas revolving, y la introducción de límites al coste de los descubiertos. Además, se extiende la supervisión del Banco de España a todas las empresas que concedan crédito al consumo.
