La decisión afecta a las naves del carrer Barcelona, donde los ocupantes tendrán diez días hábiles para marcharse tras ser notificados. El gobierno local busca recuperar este espacio público para fines educativos, tras registrarse incidentes como incendios y diversas quejas de los residentes de la zona por la degradación del inmueble.
“"Es mucho más que un expediente administrativo, el futuro centro educativo es necesario."
El alcalde Lluc Salellas ha señalado que los Servicios Sociales ya trabajan en el caso, aunque ha lamentado la inacción de la Generalitat. El nuevo centro, que acogerá a 690 alumnos, pondrá fin a años de provisionalidad en barracones en el sector de Palau. El proyecto ejecutivo ha sido encargado a la empresa Casa Solo Arquitectos.
