La memoria anual de 2025 de la Defensora de la Ciudadanía de Girona, presentada en un pleno extraordinario, ha revelado una preocupante recurrencia en el uso fraudulento de tarjetas destinadas a personas con movilidad reducida. Esta práctica, que incluye el uso de tarjetas de personas ya difuntas, genera un agravio significativo para aquellos que dependen de estas autorizaciones para aparcar en espacios reservados en la ciudad.

Ante esta situación, la defensora ha propuesto diversas medidas para mejorar el sistema. Entre ellas, destaca la necesidad de cambiar el control de la vigencia y titularidad de las tarjetas, así como establecer mecanismos eficaces para facilitar el intercambio de información actualizada entre las administraciones implicadas. El objetivo es garantizar que los datos sean lo más reales y actualizados posible.

La memoria también recoge un caso concreto de disconformidad por una sanción relacionada con el uso fraudulento de una tarjeta. La defensora explica que este tipo de autorizaciones generan problemas constantes, ya sea por ignorancia, descuido o, en algunos casos, mala fe. Además, señala la dificultad de controlar el uso real en situaciones donde el titular no es el conductor, ya que la tarjeta solo es válida si el titular se encuentra dentro del vehículo.

En uno de los casos analizados, se impusieron dos multas: una de 200 euros por estacionamiento incorrecto y otra de 301 euros por el uso fraudulento de la tarjeta. La defensora remarcó que, en esta situación particular, no había habido mala intención ni ánimo de lucro. La ordenanza municipal establece multas de 200 euros por aparcar sin autorización en zonas reservadas, mientras que el uso fraudulento, regulado por otra ley, conlleva sanciones de entre 301 y 6.000 euros. Según datos del Ayuntamiento, en 2024 se registraron 921 multas por estacionamiento indebido en estos espacios.