La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) conocida este jueves, que reconoció que Carles Puigdemont tenía razón al dudar de la imparcialidad del ponente que defendió el levantamiento de su inmunidad, no modifica su horizonte judicial inmediato. Dado que el expresidente ya no es eurodiputado, la anulación de las decisiones sobre el suplicatorio cursado por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, supone principalmente una satisfacción personal.
La situación de Puigdemont no se modifica ni siquiera en el caso de que regresara a España, ya que la orden de detención nacional sigue vigente. El Tribunal Constitucional (TC) rechazó levantar esta medida cautelar antes de resolver el recurso de amparo presentado contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía al delito de malversación, argumentando que retirar la orden vaciaría de contenido la impugnación.
El Tribunal Constitucional quiere esperar a que el TJUE se pronuncie sobre la amnistía para evitar que el Tribunal Supremo pueda recurrir a Europa si se acaban estimando los recursos de amparo.
El punto clave ahora reside en la cuestión prejudicial sobre la amnistía que debe resolver el TJUE. La justicia europea debe determinar si perdonar el desvío de fondos públicos para un referéndum ilegal (malversación) vulnera los intereses de la Unión Europea. Esta sentencia se espera que se haga pública alrededor del mes de abril.
Una vez se pronuncie el TJUE, la resolución final quedará en manos del Tribunal Constitucional. Si el TC, en línea con el aval que concedió a la ley, considera que la amnistía debe aplicarse a la malversación, se levantaría la orden de detención para Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, y se extinguiría la pena de inhabilitación para los condenados del 1-O, como Oriol Junqueras y Jordi Turull. El Tribunal de Cuentas también actuará en coherencia con la respuesta del TJUE.
