La Eurocámara paraliza el pacto UE-Mercosur y lo envía al Tribunal de Justicia

La decisión del Parlamento Europeo, aprobada por un estrecho margen, aplazará la ratificación del acuerdo comercial durante meses.

Representación visual de un documento legal o un tratado comercial sobre una mesa de madera, simbolizando la revisión judicial.
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Representación visual de un documento legal o un tratado comercial sobre una mesa de madera, simbolizando la revisión judicial.

El Parlamento Europeo aprobó ayer, por un margen mínimo, enviar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evaluar su compatibilidad legal, posponiendo su ratificación.

El Parlamento Europeo solicitará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que examine el contenido del acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur, firmado la semana pasada, para determinar si es compatible con el derecho comunitario. La decisión, que pone en peligro el acuerdo tras más de 25 años de negociaciones, se aprobó con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, reflejando una profunda división en la Eurocámara.
Esta medida retrasará el proceso de ratificación durante meses, a la espera de una decisión del tribunal, y pone a prueba la paciencia de países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El Gobierno español lamentó la moción, pero confía en que el tribunal 'confirmará la solidez jurídica del tratado, porque no difiere en estructura ni contenido de otros ya aprobados con terceros países'.

"Es necesario aclarar lo antes posible cómo se valorará el impacto del tratado, un aspecto que se ha pasado por alto y que para los productos de alimentos en Europa es clave."

Carles Vicente · Portavoz del sindicato Unió de Pagesos
Los agricultores europeos, especialmente en países como Francia y Polonia, temen el efecto negativo de la entrada de productos del Mercosur al mercado europeo, producidos con menor coste y estándares menos exigentes. Según fuentes del Ministerio de Economía, cada mes de retraso en la entrada en vigor del acuerdo implica costes relevantes para la economía española, calculados en 4.400 millones de euros de PIB no generado y 3.000 millones en exportaciones perdidas.