La resolución, pionera en Cataluña, llega tras la denuncia de Hamid H’Mata, un vecino de la capital del Maresme que sufrió trabas sistemáticas para visitar viviendas. El caso se ha resuelto aplicando la Ley 19/2020, que penaliza la discriminación en el acceso a servicios básicos.
El afectado detectó el agravio mediante un testing, una prueba donde un acompañante con nombre autóctono recibía citas inmediatas para los mismos pisos que a él le negaban. A pesar de acreditar solvencia y llevar 27 años en el país, H’Mata fue descartado por su nombre.
“"El propietario lo que debería pedir es que el inquilino pague y cumpla. El dinero no tiene color ni religión."
El Observatorio DESCA ha acompañado a la víctima en este proceso administrativo. La resolución reconoce la existencia de daños morales y abre la puerta a reclamar indemnizaciones por la vía judicial.
