La propuesta se ha presentado ante el sector empresarial local como una alternativa eficiente y rápida. Este modelo se enmarca en los métodos adecuados de solución de controversias, buscando una mayor agilidad en comparación con los tiempos habituales de los tribunales ordinarios.

El servicio está gestionado por juristas especializados que actúan como mediadores neutrales. Su función es facilitar acuerdos que, una vez firmados, poseen validez ejecutiva. Esto permite que las soluciones alcanzadas tengan la misma fuerza legal que una sentencia, pero con un proceso mucho más simplificado.

Abierto a casos civiles, mercantiles y familiares, el proyecto pretende descentralizar la justicia y hacerla más accesible en el territorio, reduciendo significativamente los gastos asociados a los litigios para la ciudadanía y las empresas del Maresme.