Los abogados generalmente desaconsejan a sus clientes investigados por corrupción declarar en comisiones parlamentarias, ya que lo que digan puede incriminarlos o dar pistas a la Fiscalía. Sin embargo, figuras como la exconsejera Salomé Pradas o el exsecretario del PSOE, Santos Cerdán, han optado por comparecer, buscando aprovechar la repercusión mediática para defender su versión, incluso en contra del criterio de sus letrados.
Que si solo sirven para el lucimiento de quien pregunta, que si, como pasó cuando Pedro Sánchez compareció hace unas semanas en el Senado, son un 'y tú más' que no hace otra cosa que generar desafección.
A pesar de las críticas sobre su carácter de 'show' o 'y tú más', estas comisiones son necesarias para la vida democrática. Permiten delimitar las responsabilidades políticas, llevar conclusiones al pleno para ser votadas y hacen posible que la voz de los protagonistas llegue al ciudadano sin las limitaciones que impone el proceso judicial para garantizar los derechos de las partes.
El ejemplo de la familia Pujol demuestra la imposibilidad de esperar la resolución judicial. El caso se empezó a investigar en 2012, la confesión fue en 2014 y la comparecencia en el Parlament de Catalunya se produjo en 2015, ayudando a entender la cara menos presentable del pujolismo. Si se hubiera esperado al juicio, que ha comenzado recientemente en la Audiencia Nacional, la comparecencia se habría retrasado más de una década.
Otras comisiones han demostrado su utilidad histórica. La del Congreso sobre el 11-M aprobó conclusiones antiterroristas que todavía están vigentes, y la de Operación Catalunya en el Congreso está poniendo en evidencia la actuación del estado profundo y la negativa de la Justicia a depurar responsabilidades. Por lo tanto, bienvenidas sean las comisiones de investigación, aunque a veces puedan desesperar.
