La operación, que ha finalizado con la salida de las últimas cuatro personas que quedaban en el inmueble, supone un hito en las Terres de l'Ebre. El alcalde, Adam Tomàs, ha destacado que es la primera vez que un consistorio de la región encabeza una acción de este calibre, tras un largo proceso judicial iniciado en 2024.
“"No estamos hablando de ocupas por necesidad que no generan molestias. En este caso, eran delincuentes y generaban problemas de convivencia."
Los informes técnicos ratificaron que las viviendas eran inhabitables por la suciedad y los enganches eléctricos ilegales. Con el aval del juzgado contencioso de Tarragona, el ayuntamiento notificó el desalojo para el 26 de febrero, permitiendo una salida voluntaria previa.
El gobierno local ya trabaja en expedientes para otros dos bloques en las calles Joan d'Àustria y Estel. Los ocupantes desalojados acumulaban más de 100 antecedentes penales, provocando una situación de alta conflictividad vecinal durante más de un lustro.
