La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona ha cerrado el proceso judicial abierto a raíz de los hechos del 1 de Octubre de 2017 en La Ràpita. La resolución, fechada el 13 de enero, afecta al alcalde de la época, el republicano Josep Caparrós, y al concejal y teniente de alcalde de entonces, actualmente diputado de ERC en el Parlament, Albert Salvadó.
Ambos se encontraban a la espera de apertura de juicio, acusados inicialmente de los delitos de desobediencia y prevaricación administrativa. Esta decisión llega a pesar de que la resolución es recurrible, si bien tanto la Abogacía del Estado, responsable de la acusación, como la Fiscalía ya se habían mostrado previamente favorables a la aplicación de la Ley de Amnistía.
Con este auto judicial ya no queda ninguna causa pendiente relacionada con la celebración del referéndum para la independencia de Cataluña en este municipio del Montsià.
La sentencia cierra definitivamente todas las causas abiertas por el 1-O en el municipio de La Ràpita, en el Montsià, que fue escenario de fuertes cargas policiales cuando se intentó clausurar el colegio electoral. Los dos políticos llevaban más de dos años solicitando la aplicación de la medida sin recibir respuesta jurídica hasta ahora.
Cabe diferenciar este caso del de Lluís Salvadó (también de La Ràpita), cuya causa pende de otra investigación por su actuación como responsable de la hacienda catalana. Esta causa, donde también están imputados Josep M. Jové y Natàlia Garriga, está pendiente de la resolución de una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
