Desde la aprobación de la Agenda del Biogás 2024-2030, el 8 de mayo de 2024, con el objetivo de generar 2 TW de biogás para 2030, se han implementado medidas económicas y sociales para incrementar el parque de instalaciones. Esta estrategia fue acompañada por una línea de ayudas del Gobierno que ascendía a 3 millones de euros para conectar las plantas de biometano a la red.

Sin embargo, la gran proliferación de proyectos está generando un fuerte rechazo en las poblaciones afectadas, que no consideran estas industrias compatibles con la salud ciudadana. Según Cunill, este rechazo se justifica por la falta de dos requisitos clave: una planificación vinculante del territorio con participación social y la priorización de la proximidad y la autosuficiencia, fundamentales para la economía circular.

Un ejemplo claro de la falta de transparencia se encuentra en la Sentiu de Sió, en la Noguera, con el proyecto Sentiu Bioenergia. El Plan de Gestión Agraria (PGA) de este proyecto, un documento técnico obligatorio para justificar el suministro de residuos locales, supuestamente incluye una granja que no existe, asignándole el 70% de los purines que deberían llegar a las instalaciones.

Joan Cunill califica este hecho de “acto muy grave” y critica que la Generalitat, en lugar de fiscalizar, actúe como “socio necesario” para holdings como Naturgy. Esta opacidad y el modelo especulativo promueven el aumento de macrogranjas y residuos, incrementando la contaminación de las aguas subterráneas con nitratos y otros tipos de contaminación olfativa o aérea.