La controversia se ha originado después de que el gestor de las instalaciones decidiera suspender la actividad como respuesta a una carta de opinión crítica publicada anteriormente. Esta decisión ha sido calificada de desproporcionada por parte de los jugadores habituales, que consideran que un desacuerdo con un escrito no debería derivar en la clausura unilateral del equipamiento.
“"Considero que el cierre de las instalaciones hasta octubre de 2026 es una medida desproporcionada."
A pesar de las críticas por la interrupción del servicio, los afectados también han querido poner en valor la labor de gestión realizada hasta ahora por el responsable de las pistas de Tremp. Pese a este reconocimiento, insisten en que la situación actual carece de sentido y piden una rectificación para recuperar la normalidad deportiva en el Pallars Jussà.




